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Destacan conflictos magisteriales y campesinos en Oaxaca en 2011

24/12/2011 09:59 | lainformacion.mx

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Por Paulina I. Valencia. Corresponsal

Oaxaca, 24 Dic. (Notimex).- Conflictos poselectorales, la persistencia de inconformidad magisterial, diferendos limítrofes y agrarios, así como detenciones de funcionarios del pasado gobierno de Ulises Ruiz son los temas que han predominado en Oaxaca durante 2011.

Luego del relevo de autoridades en los 570 municipios de la entidad, en 2010, el gobierno de Gabino Cué inició este año con 24 alcaldías tomadas, derivado de conflictos poselectorales o administrativos.

En estos últimos 12 meses, dentro de las acciones del gobierno estatal destacaron una veintena de acuerdos signados con organismos internacionales, el rediseño del andamiaje institucional y la puesta en marcha de una serie de programas de beneficio social.

Luego de un enfrentamiento entre profesores y elementos del orden federal, por la visita del Ejecutivo federal a la capital oaxaqueña, en febrero pasado la Sección 22 del SNTE exigió la salida de varios funcionarios del gabinete estatal, entre ellos Irma Piñeyro, secretaria general de Gobierno.

Asimismo, reclamó la salida del secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, y del director del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), Bernardo Vázquez Colmenares.

Finalmente, Piñeyro renunció al cargo en agosto de este año y señaló que existen “pequeños grupos de poder” al interior del gobierno de Gabino Cué, quienes le impidieron su desempeño en el cargo que le fue conferido.

Asimismo, en enero, una primera caravana de familiares de migrantes centroamericanos cruzó el territorio estatal, a fin de denunciar las presuntas violaciones los derechos humanos de sus familiares en su paso por territorio mexicano hacia Estados Unidos.

A la caravana se sumó el padre Alejandro Solalinde, conocido en la región del Istmo por su trabajo a favor de los migrantes, y la fundación del albergue “Hermanos en el Camino”, que recibe a indocumentados que transitan por la zona.

En febrero, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, acusó la existencia de “autogobiernos” al interior de al menos cuatro penales de la entidad, por lo que emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública sobre la situación de los 15 cárceles con que cuenta el estado.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal realizó en este año el traslado de 238 reos a la Colonia Penal Federal de las Islas Marías en cumplimiento al convenio de colaboración entre el estado y Federación.

A lo largo del año, diversas organizaciones sociales y autoridades municipales y comunales de municipios como Natividad, Ixtlán de Juárez, San José del Progreso, Ocotlán y Magadalena Apasco ha expresado su inconformidad por la instalación de empresas mineras en sus comunidades.

El 3 de enero, se registró el asesinato del alcalde de Santiago Amoltepec, Luis Jiménez Mata, quien fue sorprendido por sujetos aún desconocidos, quienes abrieron fuego en su contra cuando se encontraba en una de las oficinas comunitarias.

La violencia se hizo presente en territorio estatal en este año con asesinatos de líderes campesinos, entre de ellos el de Renato Cruz Morales, líder de la Central Campesina Cardenista Democrática en la Cuenca del Papaloapan.

A lo largo de 2011, continuaron las pugnas entre las secciones 22 del SNTE y la Sección 59. La primera exigió al gobierno estatal el desconocimiento de su rival, en tanto que al término del año asegura que 592 maestros de dicha sección, abandonaron sus filas y fueron reincorporados a su gremial.

La sección 59, por su parte, acusó al gobierno estatal de privilegiar a la Sección 22 y retener pagos a profesores de su sindicato, así como documentación de niños que se encuentran bajo su tutela escolar.

El conflicto limítrofe entre Santa María y San Miguel Chimapalas, en la región del Istmo, entre comuneros oaxaqueños y ejidatarios chiapanecos se agudizó, sin embargo, el pasado 22 de diciembre se firmó de un acuerdo para que las comunidades agrarias de ambos estados diriman mediante el diálogo el diferendo.

Por otra parte, en un hecho inédito, en febrero, la PGJE ofreció una recompensa de 500 mil pesos para la localización de un profesor de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Esta acción causó el descontento de una parte de la ciudadanía, dado que señalan un trato preferencial del gobierno estatal hacia el magisterio oaxaqueño.

A pesar que en Oaxaca se contra el 35.3 por ciento de hablantes de alguna lengua indígena del país por arriba de Yucatán y Chiapas, al menos 33 variantes están en peligro de extinción, denunciaron este año organizaciones sociales.

En marzo de este año, elementos de la Policía Federal detienen en esta ciudad a Marcos Carmona Hernández, alias “el Cabrito”, considerado como jefe de la plaza del grupo delictivo de “Los Zetas” en el estado de Oaxaca.

En mayo, derivado de un conflicto poselectoral, una emboscada a un grupo de priuistas en el municipio de Santiago Choapam, en la Cuenca del Papaloapan, dejó un saldo de 10 muertos, ocho lesionados y tres camionetas incendiadas.

En ese mismo mes, la Procuraduría General de la República acusó de peculado a Miguel Ángel Ortega Habib, tesorero del ex gobernador priista Ulises Ruiz, y dejó a decisión de la Procuraduría local su consignación.

En julio, el huracán Arlene dejó un saldo de diez municipios dañados por las lluvias, la mayoría localizados en el Istmo de Tehuantepec, y la Cuenca del Papaloapan, en tanto que hasta junio de este año, las lluvias habrían cobrado la vida de al menos ocho personas.

Asimismo, la Coordinación del Transporte estatal evidenc ióla asignación de concesiones del servicio público de manera indiscriminada durante el último tramo de la administración de Ulises Ruiz.

Derivado de ello, el 15 de junio es detenido el ex titular de la Cotran, Gonzalo Ruiz Cerón, quien actualmente continúa recluido en el penal de Cuicatlán, en la mixteca oaxaqueña.

En tanto, en agosto, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detienen al ex director administrativo de CAO, Manuel Alejandro Hernández Muñoz por daños al erario público por 736 millones de pesos.

Al cierre del año, la contralora del estado, Perla Woolrich Fernández, reveló el desvío de cuatro mil un millones 971 mil pesos del erario público detectado en 45 dependencias estatales, correspondientes al periodo de administración de Ulises Ruiz.

Por su parte, la Secretaría de las Infraestructuras reportó que durante los primeros tres meses de iniciada la presente administración, se concluyeron 541 obras inconclusas desde el gobierno del ex mandatario estatal.

Con relación a los conflictos agrarios que prevalecen en la entidad, hasta junio de este año, las autoridades estatales reportaron un saldo de 11 muertos derivados de estos conflictos en diferentes puntos del estado.


(NOTIMEX)

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