Sábado, 01 de Noviembre de 2014 - 03:37 h

diplomacia

Holder busca un acuerdo que impida una "crisis constitucional" por una operación secreta

12/06/2012 12:19 | lainformacion.mx

Washington, 12 jun (EFE).- El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, dijo hoy en una audiencia que está dispuesto a negociar un acuerdo con líderes del Congreso para impedir una "crisis constitucional" a raíz de la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió el traspaso ilegal de armas a México en 2009.

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Holder busca un acuerdo que impida una "crisis constitucional" por una operación secreta

Washington, 12 jun (EFE).- El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, dijo hoy en una audiencia que está dispuesto a negociar un acuerdo con líderes del Congreso para impedir una "crisis constitucional" a raíz de la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió el traspaso ilegal de armas a México en 2009.

Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, Holder afrontó de nueva cuenta acusaciones de líderes republicanos de que el Departamento de Justicia se niega a entregar documentos adicionales relacionados con la operación secreta, en la que las autoridades le perdieron el rastro a unas 2.000 armas que fueron a parar a manos del crimen organizado.

El próximo 20 de junio, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes prevé someter a voto una medida de desacato contra Holder, ante su presunta negativa de entregar documentos solicitados por los republicanos.

El republicano de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, criticó la negativa del Departamento de Justicia de entregar documentos creados tras el 4 de febrero de 2011 -como han solicitado los republicanos-, que en su momento alegó que se trata de deliberaciones internas de la agencia federal.

En tono conciliatorio, Holder subrayó que está "dispuesto" a colaborar con líderes de la bancada republicana en el Congreso, incluyendo el presidente de la Cámara baja, John Boehner, y el del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, Darrell Issa, para lograr un acuerdo respecto a la entrega de documentados hasta ahora bajo sello judicial.

"Estoy ofreciendo sentarme, personalmente... para tratar de elaborar un acuerdo para impedir una crisis constitucional, pero tengo que tener un socio dispuesto a hacerlo. He extendido mi mano y estoy esperando una respuesta", afirmó Holder.

Preguntado por Grassley si ese acuerdo incluiría pedir permiso de un juez para revelar el contenido de los documentos en disputa, Holder dijo que eso sería un paso "extraordinario", aunque no lo descartó por completo.

"Lo pondría sobre la mesa" si esos documentos no comprometen la investigación en curso, con tal de "evitar lo que considero es una inminente crisis constitucional", insistió Holder.

El lunes, Issa anunció el voto de desacato contra Holder, al acusarlo de negarse a cumplir con una citación emitida el 12 de octubre de 2011 que exige la entrega de los documentos adicionales.

"Las acciones del Departamento de Justicia han obstruido la investigación. El Congreso tiene la obligación de investigar asuntos no resueltos relacionados con los esfuerzos por calumniar a delatores, la incapacidad de funcionarios del Departamento de Justicia para decir la verdad... y (explicar) las razones de la demora significativa en reconocer la imprudente conducta en la Operación Rápido y Furioso", subrayó Issa.

Según fuentes legislativas, sería la cuarta vez en casi tres décadas que el Congreso somete a voto una orden de desacato contra un miembro del Gabinete presidencial.

Un voto de desacato sólo busca el cumplimiento de una citación legal y no asigna culpa por la fallida operación de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés), explicó el comité liderado por Issa.

El Departamento de Justicia ha argumentado que los documentos solicitados demuestran deliberaciones internas y fueron creados después del 4 de febrero de 2011, cuando la agencia federal negó tener conocimiento de la operación encubierta a cargo de la ATF.

Los documentos en disputa incluyen datos proporcionados por "delatores" y sobre por qué el Departamento de Justicia "tardó casi un año en retractar las negaciones falsas" sobre las fallidas tácticas.

En la operación secreta, la ATF perdió el rastro a unas 2.000 armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México. Dos de ellas fueron halladas en la escena del asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry en diciembre de 2010.


(Agencia EFE)

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